CONSEJO DE ESTADO RECUERDA CUANDO SE CONSTITUYE LA FALSA MOTIVACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO. .

 

La falsa motivación como causal de anulación del acto, se configura cuando el funcionario lo ha expedido inspirado en motivos diferentes a los previstos legalmente. Esta es una causal genérica de nulidad de los actos administrativos que se puede alegar para destruir la presunción de legalidad de estos, la cual posee dos sendas de acción que se pueden estructurar por la existencia de errores en la fundamentación del acto, a saber:

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De hecho o de derecho. Bajo este entendido, esta causal de anulación de los actos administrativos se puede manifestar mediante un error de hecho, o a través de un error de derecho. El error de hecho se presenta cuando la Administración desconoce los supuestos fácticos en que debía soportar su decisión, ya sea porque la autoridad que profirió el acto no los tuvo en cuenta o, porque pese a haberlos considerado se deformó la realidad de tal manera que se dejaron por fuera o se introdujeron circunstancias de tiempo modo y lugar que resultan irreales y que traen como consecuencia que el acto administrativo no se funde en hechos ciertos, verdaderos y existentes al momento de ser proferido.

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Término para resolver el incidente de desacato

Ahora bien, una vez presentada la acción de tutela, la misma puede culminar con la orden judicial de dar efectiva protección a un derecho fundamental, el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto en ningún caso podrá exceder las 48 horas. Cuando la persona que debía dar cumplimiento a lo ordenado no lo hace, se deberá proceder con la presentación de un incidente de desacato, en el cual el juez que dictó la providencia judicial, podrá ejercer un poder disciplinario frente a la persona que incumple su providencia. Este poder disciplinario, tiene como propósito juzgar y si es del caso, sancionar la conducta de quien omite cumplir con la providencia, dicha sanción por mandato legal podrá ser arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales. No obstante lo anterior, el trámite judicial del incidente de desacato no tiene legalmente un término establecido, por lo tanto, el mismo podría tomar un tiempo indeterminado lo cual evidentemente desdibuja totalmente la protección de los derechos fundamentales creada por la constitución de 1991, generando así, un notable vacío jurídico. 

Respecto del vacío jurídico presentado, se pronunció recientemente la Corte Constitucional mediante la sentencia de constitucionalidad C-367 del 11 de junio de 2014, donde además de revisar otras cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los fallos de tutela, se tocó el punto que hoy nos atiende, particularmente respecto de si al no haber un lapso de tiempo determinado para resolver en trámite incidental del desacato a un fallo de tutela, se hacía necesario establecer un término determinable para este propósito. Para resolver lo anterior se remitió la Corte a la Constitución y particularmente a lo establecido relacionado con la acción de tutela, precisando que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y que dicha inmediatez no debe superar los diez días, es decir, al momento de resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no podrán transcurrir más de diez días contados desde la fecha de su apertura.

Sin embargo, dicha regla no es absoluta, la sentencia C-367 también se estableció que se pueden presentar casos excepcionales en los que el juez puede exceder el término ya mencionado, a saber: (i) por razones de necesidad de la prueba y para asegurar el derecho de defensa de la persona contra la cual se promueve el incidente de desacato, (ii) cuando exista una justificación objetiva y razonable para la demora en su práctica, y, (iii) que se haga explícita esta justificación en una providencia judicial, lo anterior sin olvidar el juez que siempre deberá adoptar directamente las medidas necesarias para la práctica de dicha prueba, respetando el derecho de defensa y debe analizar y valorar esta prueba una vez se haya practicado la misma con el fin de dar solución al trámite incidental en un término razonable frente a la inmediatez prevista en el citado artículo.

Aun así, el asunto no queda del todo cerrado, ya que la Corte Constitucional deja abierta la puerta para que se sigan presentando demoras al momento de decidir sobre el tramite incidental, simplemente se aclaró de forma parcial la incertidumbre que respecto del tema era evidente, sin que ello represente que ya no tenemos vacío jurídico, porque de hecho aún está ahí. Lo cierto es que a partir de la fecha, cualquier persona que quiera exigir judicialmente el cumplimiento de un fallo de tutela, salvo los casos de excepción, contara con la tranquilidad de que ello ocurrirá en un máximo de 10 días. (Invitación especial a realizar una lectura completa de la sentencia C-367). 

T043/2020 aproximación a la prueba electrónica

la honorable Corte Constitucional en sentencia T043/2020 Realizó un recuento sobre la aproximación a la prueba electrónica, y el valor probatorio atenuado de las capturas de pantalla o “pantallazos” extraídos de la aplicación WhatsApp;

Para la corte:

“la doctrina especializada ha hecho referencia a las siguientes denominaciones: “prueba digital”, “prueba informática”, “prueba tecnológica” y “prueba electrónica”. Al efecto, un sector se ha decantado por la expresión “prueba electrónica” como la más adecuada, partiendo de un punto de vista lingüístico, de tal forma que se obtenga una explicación que abarque la generalidad de los pormenores que se puedan presentar”

en ese sentido, segun la corte:

“se ha aludido a los documentos electrónicos como una especie al interior del género “prueba electrónica”. Otras manifestaciones de esta última son el correo electrónico, SMS (Short Message Service), y los sistemas de videoconferencia aplicados a las pruebas testimoniales. Acerca de los SMS, es fácilmente reconocible el influjo que han tenido en la actualidad como método de comunicación y su empleo habitual en teléfonos móviles. En este escenario es relevante hacer mención de la aplicación WhatsApp, la cual se constituye como “un software multiplataforma de mensajería instantánea pues, además del envío de texto, permite la trasmisión de imágenes, video y audio, así como la localización del usuario”

La honorable corte constitucional, trajo a colación jurisprudencia argentina para definir como simples “elementos indiciarios” a los pantallazos de WhatsApp, es decir darle un valor de prueba indiciaria al respecto la jurisprudencia argentina manifestó:

“Técnicamente definimos a las capturas de pantalla como aquella imagen digital de lo que debería ser visible en un monitor de computadora, televisión u otro dispositivo de salida visual. (…) A través de los mismos se procura lograr un indicio sobre si un determinado contenido fue transmitido por la red a un determinado usuario destinatario (caso sistemas de mensajería) o, por ejemplo, determinar la existencia de una publicación en una red social (v.gr. Facebook o Twitter) (…).”

el Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS realizó una importante aclaración de voto, al respecto manifestó:

“calificar como simples “elementos indiciarios” a los pantallazos de WhatsApp, desconoce las reglas sobre la apreciación probatoria de los mensajes de datos y sus impresiones. el artículo 247 del Código General del Proceso, señala que los documentos aportados en el mismo formato en que fueron generados, deben ser catalogados como mensajes de datos; mientras que su simple impresión debe valorarse con base en las reglas generales de los documentos”

Sentencia T-043/20 Referencia: Expediente T-7.461.559 Acción de tutela instaurada por la señora Dora Patricia Ramírez Monsalve en contra de la sociedad Corporación Educa S.A.S. (Universo Mágico Kindergarten). Magistrado ponente: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS 

CORTE CONSTITUCIONAL EMITE NUEVA SENTENCIA SOBRE DERECHOS DEL MENOR A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA.

La accionante y su hija llegaron a Bogotá como víctimas de desplazamiento forzado en el año 2005. En virtud de la precariedad económica y la imposibilidad de asumir el cuidado de la niña, dada su condición de discapacidad, se resolvió constituir a la peticionaria en el Programa de Hogar Gestor.

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De manera posterior, el ICBF resolvió la situación jurídica de la niña y como medida de restablecimiento de derechos se dispuso su ubicación en el Instituto para Niños Ciegos, con salidas autorizadas a medio familiar los fines de semana. La conducta que se considera trasgresora de garantías constitucionales es la orden de suspender las precitadas salidas, con base en un informe del operador donde se encuentra internada la adolescente, que da cuenta sobre las sospechas del abuso sexual que pudo haber sufrido la misma.

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También se cuestiona a la Defensora de Familia por exceder los términos máximos establecidos en la ley para surtir el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos en favor de la hija de la actora.

DESCARGUE AQUÍ LA SENTENCIA COMPLETA

 SENTENCIA https://drive.google.com/file/d/1fQwHo5q1F4Wn1pHafAKdiCOzCaxQjwUb/view?usp=sharing

Padres no están obligados a costear segunda carrera profesional de hijos

La Honorable Corte Suprema de Justica Sala de ca sacion Civil en sentencia STC-6066-2018 aclaro que lo Padres no están obligados a costear segunda carrera profesional de hijos

Para la Corte los 25 años de edad son solo un parámetro para establecer si se conserva o no el deber de suministro de alimentos a los descendientes, es por eso que:

los padres de hijos mayores de edad no están obligados a costearles una segunda carrera cuando los jóvenes ya son profesionales y pueden atender su propia manutención y sostenimiento

sí lo dejó claro la Corte Suprema de Justicia, al negar una acción de tutela mediante la cual un administrador de empresas de 24 años de edad, graduado a los 20 en una prestigiosa universidad del país, pretendía que un juez de familia de Bogotá ordenará al padre que le siguiera pagando la carrera de música.

En decisión mayoritaria, la Sala de Casación Civil concluyó que:

independientemente de la edad, el joven ya cuenta con una preparación académica que le permite procurar su ubicación laboral y con ello la obtención de los recursos económicos para sostenerse y, de paso, sufragar los demás estudios que puedan resultar afines y tiendan a mejorar su competitividad profesional, o de aquellos que a bien tenga adelantar por gusto o mera satisfacción personal, sin que para ello requiera dependencia de su progenitor.

A juicio de la Corte:

el límite temporal de los 25 años, para la obligación de alimentos respecto a los hijos mayores de edad que cursan estudios superiores, mantiene vigencia en la medida en que solo corresponde a un parámetro para establecer si se conserva o no el deber del padre, pues en dichos eventos es necesario que el juez de conocimiento evalúe con detenimiento elementos preponderantes, tales como la capacidad económica del alimentante y la necesidad del alimentario.

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Catedra de responsabilidad civil por actividades peligrosas SC002-2018 condenó a CODENSA a pagar 322.228.605 en un proceso de Responsabilidad Extracontractual por ejercicio de actividad peligrosa de conducción de energía eléctrica

La Honorable corte suprema de Justicia en sentencia SC002-2018 condenó a CODENSA  pagar 322.228.605 en un proceso de  RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL  Por ejercicio de actividad peligrosa de conducción de energía eléctrica debido a la muerte de un ciudadano que se encontraba haciendo arreglos a su casa, y toco accidentalmente un cable de energia electrica.

el Juez de primera instancia nego las pretensiones dela demanda por considerar que los daños cuya indemnizacion se reclaman se debieron a la culpa de un tercero; especificamente, por “el simple hecho de la falta de licencia de construcion, pues como es de publico conocimiento, la zona donde se encuentra levantaba la construccion pertenece a los llamados barrios de invasion, en donde las edificaciones son Levantadas sin respetar los mas minimos requisitos de planeacion, sin que Se pueda endilgar culpa alguna a la entidad demandada por tal hecho”

El tribunal revoco el fallo de primera instancia y en su lugar, declaro a CODENSA civilmente responsable por la muerte del ciudadano, para el tribunal:

“la responsabilidad que se endilga a la empresa demandada deriva del ejercicio de una actividad peligrosa: la generacion, distribucion y comercializacion de energia, tal como ha sido calificada desde antaño por la jurisprudencia {por su natural potencial de causar daños} teniendo dicha accion su fundamento en el articul0 2356 del Codigo Civil”

con relacion a la causa extraña que alego la demandada para eximirse de responsabilidad el tribunal considero que:

“el criterio del sentenciador de primer grado no fue acertado porque la vivienda donde ocurrio el accidente fue construida por cuenta de los demandantes, luego, la responsabilidad derivada de la falta de licencia de construccion mal podria atribuirse al hecho de un tercero”

Para la honorable corte:

“La empresa demandada tenía el deber de no producir daños por electrocución. Ese deber se lo impone el artículo 2356 por el hecho de estar ejercitando una actividad peligrosa, supuesto de hecho que quedó probado. Además de ello, el enunciado normativo establece que el daño debe ser imputable a su culpa, es decir que el agente debió tener la posibilidad de ceñir su conducta a las reglas que le adjudican el deber de evitación de resultados adversos (no crear riesgos por ser el guardián de la actividad peligrosa); lo cual también quedó demostrado con los distintos reglamentos administrativos que le asignan a la empresa las medidas de seguridad que debió adoptar para impedir la producción de daños por electrocución”

Descarga la sentencia completa AQUI https://drive.google.com/file/d/1p5Ji81sefAgiL-dw7TlsuGlEOcAG-PuC/view?usp=sharing  

PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS – Marco de punibilidad

Inhabilitación por el tiempo fijado en la sentencia, no significa que sea por uno similar al de la pena principal, sino por el que corresponde señalar acorde con el régimen punitivo.

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CORRUPCION BANCARIA EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA

 ANATOCISMO Y PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

Por estos días el mundo entero enfrenta un enemigo inesperado, invisible y difícil de doblegar, que ha puesto a las naciones más poderosas contra las cuerdas y ha lanzado a las menos favorecidas a un pantanoso umbral, este enemigo no es otro que el azote del COVID-19. 

 

En algunos lugares del mundo encontraremos esquemas políticos y entes de control que a toda fuerza se encargaran de favorecer al pueblo, encontraremos los que a toda costa favorecerán a las empresas y el pueblo deberá soportar, por ultimo pero no menos importante encontraremos aquellos donde se pretende demostrar que se favorece a un pueblo mientras se revuelcan entre el dinero de los pobres y se distrae a los incultos. 

 

Pues bien este último sería el caso del pueblo Colombiano donde entidades harteras y mañosas han logrado confundir a la sociedad con un sofisma de distracción poco ético, y es que en este país todos hemos tenido la oportunidad de ver esos comerciales que anuncian los congelamientos de los créditos de todo tipo de personas, lo que nos hace pensar que podremos estar tranquilos en épocas tan turbias y complicadas como las que atravesamos o que por lo menos no estamos tan acorralados con las deudas y la crisis económica que nos sobrevendrá. 

 

En cifras de las entidades bancarias he podido encontrar que empresas como el grupo Aval, acaban de aprobar repartición de dividendos por una suma de 1.34 billones de pesos por ganancias obtenidas en el 2019, con una cifra neta de ganancias de 3.03 Billones de pesos, es decir que hay dinero para reinvertir y repartir; Para la entidad Bancolombia según sus propias publicaciones, se obtuvieron ganancias netas por 3,12 billones de pesos que representan un crecimiento del 17,2% frente al año 2018 y una disminución en los gastos provisionales, con lo cual se pudo decretar no uno sino dos dividendos, el ordinario y el extraordinario que serán pagados a lo largo del 2020, con esto entendemos que no solo no están en emergencia sino que además hay dinero para dividir. 

 

Cual sería mi asombro cuando me entere que el gobierno nacional destinaria antes que para cualquier otro gremio, un alivio para la banca, por la suma de quinientos mil millones de pesos, esto me resulta descabellado y poco ético con un pueblo que día a día y a través de sus impuestos ha traído ese dinero a las manos del gobierno; Cito textualmente a grandes consultores como Mauricio Cabrera cuando digo que no se puede cometer el mismo error de la crisis de 1999 cuando se salvaron a los bancos y quebraron a los deudores. 

 

El gobierno nacional nos ha dicho que este alivio financiero es para que las entidades bancarias puedan continuar funcionando y a su vez se trasmitan beneficios a los deudores, ¿Pero qué tipo de beneficios?, pues bien entre tantas otras me topé con la modalidad ofrecida por Bancolombia que ofrece alivios en modo de congelamiento, palabra que trae consigo sinónimos como bloquear o inmovilizar, personalmente tengo un crédito con dicha entidad y vi ese comercial televisado que dice “congelaremos tu crédito automáticamente no es necesario que te comuniques con nosotros”, para confirmar la generosidad recibida con mi entidad ingreso a mi App Bancolombia donde encuentro de manera textual la misma información descrita así, “Congelaremos 

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automáticamente capital e intereses de los créditos de consumo”, que para caso propio aplicaría, sin más avisos tengo un momento de tranquilidad y sosiego, y puedo decir que no esta tan errado el gobierno en dar alivio a las entidades para que estas lo trasmitan a sus deudores. 

 

Con el pasar de los días y sometidos a la cuarentena obligatoria ingreso nuevamente a la aplicación de Bancolombia y en su página principal noto que aún tienen el mismo mensaje tranquilizador, pero para mí desagrado puedo vislumbrar que mis intereses han corrido de manera descontrolada, pensé en el momento que podría ser un error informático con lo cual me dispongo a llamar a la entidad, es entonces cuando un asesor de la entidad me indica que la información de la cual ellos disponen no es la que esta reflejada en la aplicación y que el congelamiento de los intereses solo corresponde al interés moratorio aunque no esté aclarado en ningún lugar, al recibir esta información le sugiero asesorarse de un supervisor o quien haga sus veces, después de un tiempo de espera regresa mi asesor y me indica que ha confirmado que la información es como la está brindando y que el mismo ha ingresado a la aplicación y encuentra que la información es imprecisa, dándome a entender que él tendría la misma perspectiva que yo de no ser asesor de la entidad. 

 

De esta manera encuentro entonces una violación expresa a la ley 1480 del 2011 más conocida como estatuto del consumidor, toda vez que han caído en una publicidad engañosa, que es definida en su artículo 5º literal 13 como “Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”, entonces así pretenden contravenir el artículo 29 del estatuto del consumidor donde está plasmada la fuerza vinculante que tienen las entidades de cumplir las condiciones objetivas y específicas de sus anuncios. 

 

De manera verbal procedo entonces a manifestar a la entidad Bancolombia de dicho error, a su vez solicito cumplan con la fuerza vinculante que los obliga a darme entonces lo que han prometido, en primera instancia me hacen saber que por la línea telefónica no podrán dar curso a mi solicitud y que debo pagar como ellos lo estipulan, solicito entonces el ingreso de una queja formal donde de manera literal planteo dos pretensiones, en primera instancia que se congelen los intereses de los tres meses prometidos y que eliminen de mi balance los intereses que han corrido hasta la fecha. 

 

Coloquialmente y en un lapso no mayor a 24 horas Bancolombia envía una respuesta electrónica desconociendo mis pretensiones y simplemente aclarando las condiciones que ellos estipulan, procedo entonces a formular mi queja y pretensión por medio del defensor del consumidor financiero asignado para Bancolombia Juan Fernando Celi Munera, quien después de quince días no se ha pronunciado sobre el tema. 

 

En las comunicaciones mantenidas con los asesores de Bancolombia advierto un detalle rescatado de dos conversaciones con sus representantes, Bancolombia no solo pretende desconocer la fuerza vinculante de su publicidad sino que además pretende capitalizar los intereses causados durante el periodo del mal llamado congelamiento, es decir que para mi caso los intereses se sumaran al total de mi capital y estos generaran interés con el pasar de las cuotas. 

 

Una vez más esta entidad está Contra legem, ya que el código civil colombiano prohíbe esta práctica y la nombra como “Anatocismo” en su artículo 2235, ahora bien en un caso hipotético donde la entidad quiera derivar su responsabilidad aduciendo que esta es una práctica comercial y no civil, debo poner de presente que el código del comercio Colombiano también lo prohíbe, es así como el artículo 886 de este indica que los intereses pendientes no pueden producir intereses salvo acuerdo posterior al vencimiento o presentación de demanda judicial, presupuestos que en mi caso y en el de muchos Colombianos no se están cumpliendo. 

 

No solo Bancolombia pretende pasar por encima de la ley, ha llegado a mis manos casos similares con entidades como Colpatria o Davivienda quienes muy generosamente se han ofrecido a diferir los intereses y sumarlos al capital de la cartera crediticia del país, es decir que no solo no aliviaran cargas de ningún Colombiano, sino que además mejoraran sus ganancias a un término futuro y se aprovecharan de la situación actual. 

 

Hago un atento llamado a todos aquellos quienes están siendo afectados por esta coyuntura y por los excesos de las entidades bancarias, Colombia es un estado de derecho y como tal debemos hacerlos valer, quiero terminar este articulo con una frase de Jorge Eliécer Gaitán, “Cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es pueblo y no una multitud anónima de ciervos”. 

AUTOR:  ABOGADO: OMAR LEONARDO HERRERA RINCÓN

PAREJAS EN UNION MARITAL DE HECHO TAMBIEN PUEDEN RECLAMAR SU CUOTA ALIMENTARIA

                                     

                              

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El alto tribunal aclaró que no hace falta estar casado para recibir la ayuda que busca proteger al hombre o la mujer. En caso de ruptura, compañeros permanentes o cónyuges, sean culpables o no, trátese de vínculo solemne o meramente consensual, pueden reclamarse alimentos entre sí, cuando uno de ellos se encuentre en necesidad demostrada.Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, que ahora aplico la norma para las uniones maritales de hecho, estableciendo de paso que no sólo el hombre, sino también la mujer, está obligada a reconocer o pagar la cuota alimentaria a su parejo.                 

En su fallo, los magistrados le dieron la razón a una mujer que se había separado y tenía quebrantos de salud.

“En ese caso específico el esposo, dada la condición de la esposa (…) debe pagarle los alimentos y asumir los costos que tienen que ver con su atención médica integral" DESCARGA EL ARCHIVO COMPLETO 

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COSA JUZGADA EN MATERIA PENSIONAL

No puede estar por encima de la realización del derecho sustancial

el Consejo de estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en Sentencia de radicación 11001-03-15-000-2020-00476-00(AC). preciso que la COSA JUZGADA EN MATERIA PENSIONAL, No puede estar por encima de la realización del derecho sustancial.

Para el Consejo de Estado, en primer lugar, el pensionado de la tercera edad, es un sujeto de especial protección constitucional, y en segundo lugar, si una pensión no es reajustada en las condiciones previstas en la ley, se verá reducida o congelada, debido a que pierde su poder adquisitivo, lo que quebranta las garantías fundamentales del derecho al mínimo vital y a la vida digna de los pensionados,

Para el Consejo de Estado:

“dado que el incremento anual de las pensiones busca garantizar que su valor no se deteriore frente al costo de los bienes y servicios que el pensionado requiere, la omisión respecto de tal incremento implica la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital, comoquiera que la posibilidad de acceder a dichos bienes y servicios será más limitada.”

En esa misma línea precisó que:

“aunque la autoridad judicial ordinaria accionada goza de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y que en sus providencias sólo está sometida al imperio de la Constitución y la ley; dichos principios no pueden ser ejercidos en detrimento de los derechos fundamentales de los asociados, y en ese sentido, debe el juez de la causa dar prevalencia al derecho sustancial, a fin de proteger los derechos fundamentales de personas que como la accionante, debido a su avanzada edad y a su condición de retiro, son sujetos de especial protección por el Estado, máxime cuando ha quedado demostrado que la asignación de retiro que recibe, por no haber sido debidamente actualizada, se encuentra empobrecida, lo que afecta su derecho fundamental al mínimo vital”

Por último frente a la discusión en torno de la aplicación del derecho sustancial (reajuste) o el derecho formal (cosa juzgada), la Subsección opta por:

“proteger al pensionado al tratarse un asunto de pronta, cumplida y eficaz administración de justicia, conforme lo determinó el artículo 4º de la Ley 270 de 1996 y el artículo 228 de la Constitución Política. No es más, no es menos, es una cuestión de justicia que el mismo preámbulo de la Carta Magna asegura a los integrantes del pueblo de Colombia.”

DESCARGA  LA SENTENCIA  AQUI https://drive.google.com/file/d/1vdgD8rM_ggUrxns1EJAg8kV3ujWAdSTh/view?usp=sharing

LOS COMPARENDOS DE TRANSITO PRESCRIBEN A LOS 3 AÑOS INCLUSO SI SE ENCUENTRAN EN COBRO COACTIVO

como quiera que el término de prescripción y su interrupción, en ambas normas es idéntico, debido a que no existe incompatibilidad ni incongruencia, no existe conflicto si se aplica una u otra. Sin embargo, debido a que en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002  no alude al transcurso del tiempo de inactividad de la autoridad una vez se dicte mandamiento de pago, deberá acudirse a lo dispuesto en el Estatuto Tributario, en atención a lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, que en el artículo 818 si establece que el término interrumpido con el mandamiento de pago empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mismo.

De esa manera, se logra una interpretación armónica a las normas vigentes sobre cobro coactivo de las sanciones impuestas por las autoridades, por infracción a las normas de tránsito.

es preciso traer a colación el art. 159 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 206 del Decreto 19 del 10 de enero de 2012, por cuanto, pese a que no fue señalado expresamente por el accionante como norma incumplida se advierte de su lectura que este se encuentra directamente relacionado con el artículo 818 del Estatuto Tributario, pues faculta a la autoridad de tránsito de la jurisdicción correspondiente para exigir el cobro producto de sanción a través del proceso coactivo y si esto no se hace dentro del término de tres (3) años siguientes a la ocurrencia del hecho, se configurará la prescripción de la acción de cobro. 

(…) 

Se observa entonces de esta norma, un deber imperativo en cabeza de la DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BUCARAMANGA, según el cual debe declarar de oficio la prescripción de los comparendos por infracción a las normas en los cuales haya transcurrido un término mayor a 3 años.

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aqui https://drive.google.com/file/d/13U6SLdxwQKMPxZk2w7P9MifQcmdzFePo/view?usp=sharing

RESUMEN PROCESO EJECUTIVO ALIMENTOS

El proceso ejecutivo de alimentos está consagrado en los artículos 422 al 472 del CGP y se puede determinar su ruta en el siguiente flujo-grama.

A partir del flujo-grama se precisarán las actuaciones que se deben desarrollar en este tipo de procesos. 

En primer lugar, presentada la demanda y remitida al despacho por la oficina de reparto, corresponde al Juez verificar si esta cumple con los requisitos de forma y de fondo especiales requeridos para iniciar el proceso.

Siendo así, además de los generales que encontramos en el artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso, la demanda en el proceso liquidatario debe contener el título ejecutivo del que se derivan las obligaciones que se exigen conforme al artículo 422 del C.G.P, si es un acta de conciliación, sentencia judicial, escritura pública deberá anexarse al proceso con constancia de ser expedida como primera copia que presta mérito ejecutivo.

Verificados los requisitos por parte del despacho, se libra mandamiento ejecutivo y cuando las obligaciones versen sobre sumas de dinero, generalmente ocurre en los procesos ejecutivos de alimentos, el Juez o Jueza ordenará su pago en el término de 5 días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la deuda, así como también ordenará el pago de las sumas de dinero que se causen luego del mandamiento de pago conforme al artículo 431 del C.G.P.

Una vez notificado el mandamiento ejecutivo y de no presentarse recurso de reposición o excepciones previas de las cuales ya se habló en el esquema general, se concede el término de 10 días para que el demandado presente excepciones de fondo, este término corre de forma paralela a la orden de pago, es decir que durante los primeros 5 días debe realizar el pago o puede presentar excepciones, luego de transcurridos los primeros 5 días solamente podrá presentar excepciones.

Si prosperan las excepciones presentadas el Juez o Jueza emitirá sentencia a favor del demandado, condenando en costas y ordenando el levantamiento de medidas cautelares si fueron decretadas. Pero en caso de no prosperar se ordena continuar con la ejecución y por lo tanto deberá liquidarse el crédito y en caso de que el demandado no realice el pago, el Juez o Jueza de acuerdo con lo solicitado por las partes ordenará el avalúo de los bienes del demandado y su posterior venta en pública subasta.

Fallo de tutela serie Matarife

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Indemnización por despido sin justa causa

La indemnización por despido injustificado se debe pagar cuando al trabajador se le termina el contrato de trabajo sin justa causa, y la liquidación de la indemnización se debe hacer conforme lo señala el artículo 64 del código sustantivo del trabajo.

Liquidación de la indemnización por despido injusto.

La indemnización por despido sin justa causa depende del tipo de contrato, y del monto del salario del trabajador, de lo que nos ocupamos en las siguientes líneas incluyendo algunos ejemplos.

Indemnización por despido injusto en el contrato de trabajo a término indefinido.

La indemnización depende del salario que el trabajador tenga, y además, la indemnización depende del tiempo que el trabajador lleve laborando; entre más tiempo mayor será la indemnización.

Indemnización cuando el salario es inferior a 10 mínimos.

Si el trabajador lleva hasta un año trabajando, la indemnización es igual a 30 días de salario, debido a que la norma señala que por el primer año le corresponden 15 días de indemnización.

Si lleva más de un año vinculado, por cada año adicional al primero se le pagan 20 días de salario y proporcionalmente cuando hay una fracción inferior a un año.

Ejemplo:

• Salario: 3.000.000.
• Tiempo trabajado: 5 años, 6 meses y 15 días, en total 5.55 años.

La liquidación de la indemnización es la siguiente:

0 a 1 año	30 días
De 1 a 6 años (5 años)	100 días (20 x 5)
De 6 a 6.55 años (0.55 años)	11 días (20 x 0.55)
Total	141 días (30 + 100 +11).
Determinamos el valor del día	3.000.000/30 = 100.000
Monto de la indemnización	141 x 100.000 = $14.100.000.

Indemnización cuando el salario es igual o superior a 10 mínimos.

Para los salarios altos la indemnización es menor, ya que por el primero año es de 20 días de salario, y de 15 días por cada año adicional al primero, y proporcionalmente por fracción.

Cálculo de la indemnización.

Salario: $12.000.000.

Tiempo laborado: 5.5 años.

Liquidamos la indemnización:

0 a 1 año	20 días de salario.
De 1 a 5.5 años (4.5 años)	67.5 días (15 x 4.5)
Total días de indemnización	87.5 (20 + 67.5)
Valor del día	12.000.000/30 = 400.000
Valor de la indemnización.	$35.000.000.

Indemnización cuando la vinculación fue menor a un año.

En el contrato de trabajo a término indefinido, cuando el trabajador estuvo vinculado menos de un año, la indemnización no se hace proporcional, sino que en cualquier caso será de 30 o 20 días según corresponda al salario del trabajador.

Es así porque la ley dice que por el primer año son x días, sin autorizar la determinación de proporción alguna en caso que sea menor a un año.

Indemnización del por despido injusto en el contrato de trabajo a término fijo.

Cuando el contrato de trabajo a término fijo se termina sin justa causa, la indemnización será igual salario que corresponda al tiempo que falte para terminar el contrato.

Dice el inciso tercero del artículo 64 del código sustantivo del trabajo:

«En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato;»

Aquí no importa el monto del salario, sino el tiempo que faltó para la expiración del plazo pactado inicialmente.

Ejemplo:

• Salario mensual: 2.000.000.
• Duración pactada: 3 años.
• Ejecución antes del despido: 2 años.

Como el trabajador fue despedido a los dos años en un contrato de tres años, el tiempo que faltó fue un año, por tanto la indemnización será el sueldo que hubiera devengado en ese año.

Liquidación de la indemnización:

Salario mensual	2.000.000.
Número de meses	12.
Total indemnización	24.000.000 (12 x 2.000.000)

Indemnización por despido sin justa causa en el contrato por duración de obra o labor.

La indemnización por despido injusto en el contrato de trabajo por duración de la obra o labor, es muy similar al contrato de trabajo a término fijo.

Dice el artículo 64 del código sustantivo del trabajo sobre el tema:

«el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare (…) del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.»

La indemnización será igual a los salarios que el trabajador hubiera devengado si no se hubiera despedido.

La liquidación de esta indemnización es más compleja por cuanto no existe un lapso de tiempo cierto, pues la duración del contrato no se mide en tiempo sino en el avance de la obra, y el tiempo sólo se puede determinar al finalizar la obra.

Por ejemplo: el trabajador fue contratado en enero para construir un bloque de apartamentos de 3 torres. El contrato termina cuando se construyan las tres torres que conforman el bloque contratado.

Supongamos que el trabajador fue despedido sin justa causa en julio cuando se terminó la construcción de la primera torre.

La indemnización será igual a los salarios que el trabajador hubiera devengado hasta el final, esto es hasta construir las 3 torres, pero no se sabe cuánto tiempo hubiera durado la terminación de la obra.

En tal caso podríamos recurrir a una proporción; si para construir una torre se fueron 6 meses, entonces para construir las 3 torres se irían 18 meses, es decir que la indemnización sería el sueldo correspondiente a 12 meses, pero esto es una aproximación por cuanto el tiempo real sólo se conoce al finalizar la obra, y pueden ser más o menos de 18 meses.

Cuando el salario se paga por unidad de obra no hay problema, pues simplemente se determina cuántas unidades de obra faltaron y esa será la indemnización.

Indemnización en el contrato de trabajo ocasional o transitorio.

La indemnización en este tipo de contrato es igual que en el contrato de trabajo a término fijo, por cuanto su duración es definida, que no puede ser superior a un mes según dispone el artículo 6 del código sustantivo del trabajo.

En consecuencia, si un trabajador es vinculado por 20 días y lo despiden sin justa causa en el día 10, la indemnización será igual al salario de los 10 días que faltaron para terminar el contrato.

Base para liquidar la indemnización por despido sin justa causa.

La indemnización por despido injustificado se calcula sobre el salario que tenga el trabajador, pues así lo señala expresamente el artículo 64 del código sustantivo del trabajo.

En todos los casos señalados en dicho artículo, el legislador utilizó el término salario, de modo que es sobre este concepto que se liquida la indemnización.

En consecuencia, no se incluyen las prestaciones sociales, ni trabajo extra, dominical ni festivo. Algunos doctrinantes consideran que cuando el salario es variable es justo promediar el salario para determinar una base equilibrada, pero la ley nada dice al respecto.

Pago de la indemnización por despido injustificado.

La ley no confiere ningún plazo para pagar al trabajador lo que se le adeuda una vez se termina el contrato de trabajo.

Significa esto que el mismo día en que se termina el contrato se deben liquidar todos los conceptos a que tiene derecho el trabajador, incluyendo la indemnización por despido injustificado, y se debe pagar todo, pues de no hacer ese pago a la terminación del contrato, se debe indemnizar al trabajador por esa mora o falta de pago oportuno.